Testigos sin rostro, pruebas que dan risa, acusaciones de montaje y mucha ficción gringa conspirativa han caracterizado los casos en los que ha intervenido Rodrigo Hinzpeter, hoy acusado constitucionalmente por su responsabilidad en la violenta represión contra manifestantes. Es el brazo derecho de Piñera, ese que se ejercita levantando la debilucha teoría de que el terrorismo chileno existe.
Mapuches: Hambre del terror
En octubre de 2010, el ministro del Interior accedió a desistirse de las querellas por Ley Antiterrorista contra presos mapuche sólo después de que 28 de un total de 38 comuneros aceptaran deponer una huelga de hambre que duró 81 días. Exigían que no se les aplicara dicha ley, no ser sometidos a un doble juicio en tribunales civiles y militares y que no se ocupara en su contra a testigos sin rostro.
Sin embargo, el 16 de marzo de este año, cuatro de ellos retomaron la medida de presión. Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, todos condenados a altas penas por el ataque al fiscal Mario Elgueta, alcanzaron los 86 días en huelga de hambre. El término a esta lo pusieron el pasado 9 de junio, luego de que consiguieran la formación de una comisión para definir una política sobre los derechos del pueblo indígena y su reagrupación en el hospital de Victoria, en La Araucanía. Hinzpeter, junto con “alegrarse” por la noticia, aprovechó de aclarar eso sí que “los países requieren de una legislación antiterrorista adecuada para combatir ese flagelo cuando llegue y con las herramientas necesarias por si llega”.
Caso bombas: El paquete de cabritas
La intervención del ministerio del Interior, querellante en el llamado “Caso Bombas”, comienza a finales de mayo de 2010, cuando ya había transcurrido un año y cuatro meses aproximadamente desde la primera explosión que generó la investigación. Hinzpeter aseguró entonces que en menos de un año se aclaraban los bombazos y para ello se nombró a un nuevo fiscal a cargo de la causa, Alejandro Peña. Dos meses y medio después, acusados de asociación ilícita terrorista y de colocación de artefactos explosivos, son detenidas 14 personas tras allanamientos a casas okupa en Santiago y operativos en Valparaíso. Hinzpeter se refirió públicamente a los imputados como “incipiente y criollo terrorismo”, cuestión que como nos recuerda el Observatorio Ciudadano en un reciente informe, “tanto a la luz de la legislación nacional como de tratados internacionales, vulnera el derecho de los detenidos/as a su derecho de la presunción de inocencia”.
Sin embargo, luego del 18 de agosto del año pasado, día de la formalización de cargos, el llamado “Caso Bombas” empezó a llenarse más de dudas que de explosiones. Como pruebas se han presentado desde un video donde un acusado amenaza a un periodista, pasando por una foto playera con un dibujo de una bomba, hasta un panfleto que decía Dios no existe: Quema una iglesia. “Las pruebas que hay no son conducentes. Un testigo de oídas es sordo; una prueba es tener una camiseta negra. Por otro lado, se dice que hay un afiche que demostraría que hay aquí una organización terrorista, los que deben tener la mitad de los cabros jóvenes en sus casas hoy día en el país… Entonces parece que no se sostiene mucho el juicio”, ha explicado Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aún así, el fiscal Peña pidió cadena perpetua simple para los presuntos líderes anarquistas Rodolfo Retamales y Pablo Morales.
Foto grupohastaelfinal.wordpress.com
Ha pasado casi un año y medio desde la intervención de Hinzpeter en el caso y recién se realiza la preparación del juicio oral. Entretanto se ha hecho pasar por la cárcel a más de una decena de jóvenes, algunos de los cuales estuvieron en huelga de hambre; se han denunciado escuchas telefónicas ilegales y la posible pérdida de evidencia en la investigación; se han desechado 3500 de las más de 6700 pruebas que la Fiscalía ha presentado y 250 de los mil peritos y testigos propuestos fueron descartados; se han realizado acusaciones de montaje tanto de abogados defensores como del sacerdote Alfonso Baeza; y se ha concretado, por cierto, el paso de Peña desde el Ministerio Público a la Subsecretaría de Interior.
¿Qué ocurrirá con este caso?: “Me atrevo a apostar que una gran mayoría va a ser absuelta y nadie les va a pagar el tiempo que pasaron en cárcel”, sentencia Fríes.
Manuel Olate: La guerra importada
El pasado 21 de junio, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento definitivo de la causa en contra del chileno Manuel Olate, rechazando con ello una solicitud de extradición que había hecho el Ministerio Público colombiano. El militante comunista había sido vinculado a las guerrillas de las Farc, luego de que el ejército cafetero encontrara en los computadores personales del fallecido Raúl Reyes, fotografías donde Olate aparece junto a él. Y en este caso ocurrió algo similar al anterior en cuanto a lo irrisorio de las pruebas, pues se llegó a relacionar su participación en exhibición de películas, en fiestas y en la venta de un par de muñecas, poleras y chapitas, con el financiamiento y administración de recursos de una organización de la envergadura de las Farc.
Si bien acá Hinzpeter actuó colaborando “para que los tribunales actúen lo más rápido posible y con la independencia y autonomía que siempre tienen”, según declaró tras la detención, volvió a ignorar el derecho a la presunción de inocencia, prejuzgando el vínculo de Olate con la organización. Dijo: “No se puede tener relaciones de naturaleza política con un grupo que no es político, sino que utiliza la guerrilla como método de acción”. El militante comunista quedó finalmente en libertad, pero antes estuvo cinco semanas en la cárcel Santiago Uno y otras cinco en su casa con gendarmes en su interior.
Saif Khan: El chivo expiatorio
Para cerrar este prontuario decidimos hacerlo con el caso que de alguna forma grafica los límites a los que Hinzpeter ha estado dispuesto a llegar para instalar en la población el cuco del terrorismo. En mayo de 2010 el ministerio del Interior presentó una querella por presuntas conductas terroristas en contra del joven paquistaní de 28 años, Saif Khan, detenido cuando se le encontraron supuestamente trazas de explosivos en su celular y ropas. Según el relato que hizo a El Ciudadano en octubre de ese año, todo empezó cuando llegó hasta la embajada de Estados Unidos tal como se lo habían solicitado desde esa misma entidad. Luego de entregar su teléfono y documentos de identificación, comprobó que estaba encerrado en una oficina. Una hora estuvo así hasta que lo obligaron a desnudarse frente a una cámara. Una vez chequeado por personal antibombas, fue entregado a la policía chilena, interrogado y obligado a firmar un documento con una supuesta declaración. Fue llevado a la Cárcel de Alta Seguridad y sólo después de 5 días se le realizó el control de detención. Dice que como él no aceptó declararse culpable –a cambio de estar sólo 20 días preso- fue que el fiscal Francisco Jacir fue cambiado por uno ya mencionado, Alejandro Peña.
Cuando había transcurrido sólo un día de la detención del joven, Hinzpeter declaró públicamente sobre Khan que “si esa persona efectivamente tenía restos de TNT en su ropa, en este caso quiere decir que los había manipulado y eso constituye un indicio muy poderoso de que estaba participando o participó en la comisión de un delito de terrorismo”. Seis meses después, el Ministerio Público dictaminó no perseverar en las investigaciones en su contra por carecer de evidencias concretas para llevarlo a juicio.
También en El Ciudadano, Saif se refirió al actuar de Hinzpeter. “Él debe tener algún problema psicológico para manejar la rabia, no entiendo por qué quiere probar que yo soy un terrorista, sin pruebas, contrariando al propio Tribunal, que dice que no hay elementos para aplicarme la Ley Antiterrorista, sólo el ‘control de armas’ por las trazas”, contó. Y agregó: “Yo creo que si Hinzpeter está forzando la entrada de la `guerra contra el terrorismo` en Chile, no está siendo responsable con su papel de autoridad chilena, no está trabajando para los intereses chilenos, y eso es muy grave”.
Si hay algo que efectivamente une a Khan con los mapuche, a estos con Manuel Olate y a él con los jóvenes del caso bomba, no es precisamente la calidad de terroristas sino la brutal consecuencia de ser sindicados irresponsablemente como tales, traducida en la pérdida de sus derechos. Sobre esto Juan Sandoval, doctor en psicología social, advierte: “Uno sólo sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina el discurso de la excepción de los derechos y la historia nos muestra recurrentemente que termina muy mal”.
Hoy Hinzpeter se encuentra acusado constitucionalmente por la violencia ejercida por parte de Carabineros contra la población, principalmente en la marcha del pasado jueves 4 de agosto. La contienda es desigual a la hora de estos enfrentamientos y si bien aún no hay víctimas fatales que lamentar, el ministro ya ha dejado claro la importancia que le da a la vida de los ciudadanos frente a la de los uniformados: “Asesinar a un policía es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente”, disparó hace unos meses el ministro del Interior y Seguridad Pública.
