Neuquén Western: La cacería de dos prófugos chilenos

La madrugada del pasado 7 de marzo, en Junín de Los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, el sargento José Aigo y el oficial Pedro Guerrero detienen a una camioneta para realizarles un control policial. Les ordenan a sus tres ocupantes que bajen del vehículo. Dos de ellos son los chilenos Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto. Según acusa uno de los testigos, este último le habría disparado a Aigo -quien resulta muerto- y luego escapado junto a Cortés. Comienza entonces una nueva huída en la vida de Salazar, una persecución con visos de cacería y un mediático caso que abrió una caja de pandora que salpicó hasta una alta autoridad política de la región.

Foto La Mañana Neuquén

Más de 100 efectivos policiales en el proceso de rastrillaje, el Escuadrón 32 “Aluminé”, el Escuadrón 33 “San Martín de los Andes”, personal especializado del Centro de Capacitación para Alta Montaña del Escuadrón 34 “Bariloche”, un helicóptero de la sección Aviación Trevelin y 2 grupos de las fuerzas de elite de la sección personal de las fuerzas especiales “Alacran” –“quienes cuentan con francotiradores y están equipados con visores nocturnos, miras térmicas e infrarrojas de observación a 1000 metros de distancias en zonas boscosas”-, según informan los medios argentinos, buscan desde casi un mes y medio a los prófugos chilenos, entre cerros, valles y la tupida vegetación de la frontera chileno-argentina de la novena región.

Un verdadera cacería contra una guerrilla fantasma en la que, como reconoció el ministro Andrés Chadwick, Chile está prestando su ayuda, desplegando funcionarios policiales en la zona cordillerana. Una que ya tiene una millonaria recompensa: El gobierno de Neuquén ofreció 50 mil dólares a quien entregue información concreta sobre el paradero de Cortés y Salazar.

En medio del miedo

Abogada Arriaza. Foto CODEPU

Es este método de “cacería” el que ha alarmado a los familiares y amigos de los prófugos, quienes a través de Codepu presentaron el  11 de abril un recurso de amparo en contra del Ministerio del Interior. “Tememos por la vida y la seguridad de ellos, no hay informaciones y existe una condena previa sobre ellos, la que se ha visto reflejada en diversos medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros. No hay garantías, no existe un debido proceso, hay orden de captura internacional que recae sobre ellos y, para colmo, el gobierno de Neuquén puso precio a su captura. Tememos que estén detenidos en forma ilegal”, afirmó la abogada Alejandra Arriaza.

Y es que, como suele ocurrir, el juicio público parte por los medios de comunicación, quienes construyen una imagen de los prófugos que colabore a legitimar la caza en su contra. De Jorge Salazar, militante del llamado Ejército Guerrillero de los Pobres del MIR, se sabe que tiene una orden de detención por el ataque a una pareja de carabineros que resultaron heridos a bala en Lontué, VII región, en 1997, año en el que habría pasado a Argentina. Sin embargo, los medios han sumado que “dictaba clases de técnicas de supervivencia y manejo de armas de fuego en la zona limítrofe entre Neuquén y las regiones de la Araucanía y Bío Bío”, según plantea La Mañana Neuquén. Una información que habría emanado de un involucrado en un asalto ocurrido en 2008 en Machalí, donde fallecieron dos carabineros, quien finalmente resultó absuelto de los cargos.

Foto de Cortés y Salazar en medio San Martín a Diario

Sobre Alexis Cortés, perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se ha dibujado también la figura de un peligroso subversivo, informado que “hay fuertes sospechas de que pertenecería a grupos armados chilenos y posee antecedentes policiales en dicho país”. Sin embargo, en estricto rigor, sólo “registra un antiguo arresto durante una manifestación en Santiago y había llegado al país tras recorrer Colombia y Venezuela”, según aclara el medio trasandino Miradas al Sur.

Neuquén, “la capital de la mano dura”

Sin embargo, es el actuar de los cazarecompensas, pero principalmente de los policías argentinos, lo que preocupa tanto a familiares como a algunos medios trasandinos. Un accionar que es definido por Miradas del Sur como un “increíble regreso a la Doctrina de la Seguridad Nacional”, el que además ha ampliado la represión a otras personas. “Apenas a 12 horas del asesinato, un suboficial que participaba de un control vehicular en el puente de La Rinconada le disparó a un motociclista; éste había cometido el pecado de frenar en forma tardía”, se relata también en el artículo “Un revival de la lucha antisubversiva”, publicado este 15 de abril en el mencionado sitio.

Otra denuncia similar es la que han realizado los trabajadores de Parques Nacionales, quienes han querido “alertar, denunciar y repudiar el accionar de la Policía Provincial respecto del modus operandi del personal que trabaja en la búsqueda de los prófugos del Caso Aigo”, según informó el medio San Martín a Diario. Ellos acusaron a la policía de perseguir a uno de los funcionarios de Lanín, el guardaparque Facundo Alcalde, y a los pobladores vecinos del lugar. “Una de las acciones realizadas por la fuerza de seguridad fue la de rodear e iluminar con reflectores la seccional y vivienda del funcionario (que vive junto a su esposa y pequeña hija) a las 3 de la madrugada del pasado 4 de abril, sin motivo alguno más que el de amedrentarlo y sin orden judicial que lo avale”, relata el comunicado difundido.

Foto medio San Martín a Diario

Además, Alcalde denunció “actitudes intimidatorias por parte de agentes de policía que se paran a mi lado mientras mantengo comunicaciones telefónicas personales desde el teléfono público ubicado en la escuela pública de Lonco Mula; ingreso a pesquisar campos, y en dos casos, viviendas sin orden del juez alguna”, entre otras. “La Policía y la Justicia de Neuquén parecen tener los mismos comportamientos de las fuerzas de seguridad de épocas que creíamos superadas”, finalizan los trabajadores.

Una opinión compartida por el medio Miradas del Sur, que en el mencionado artículo cataloga a Neuquén como “la capital de la mano dura”, detallando que “sólo en 2010 hubo 860 denuncias por abusos policiales, aunque la mayoría de ellas fueron archivadas. Y a partir de 1993, el asesinato de civiles en manos de policías se incrementó de una manera alarmante”. A ello suman la intensificación de la política de “reprimir violentamente todo tipo de protesta social”, la que se ha dado principalmente en los tres períodos del gobernador Jorge Sobisch (entre 1991 y 2007), “aún a riesgo de causar la muerte de los manifestantes”, como plantea el medio.

Abogado e hijo del Intendente salpicados

La noche en que murió el sargento Aigo, en la camioneta que fue detenida no iban sólo Alexis Cortés y Jorge Salazar; había una tercera persona, Juan Marcos Fernández, hijo del Intendente de San Martín de los Andes. El joven, al igual que Salazar Oporto, vive en el sector Mallín Ahogado en Neuquén, donde, de acuerdo a lo que declaró, se dedica a tareas rurales y a realizar fletes. Esa habría sido la razón, según él, por la que se encontraba en ese lugar y transportando a los ahora prófugos chilenos en su Mitsubishi. Hoy, según informa el medio La Mañana Neuquén, Fernández se encuentra en libertad y está imputado por el delito de falso testimonio, porque para el fiscal el relato que realiza de los hechos es “inverosímil”.

Juan Marcos Fernández. Foto La Mañana Neuquén

Fernández, junto al oficial Pedro Guerrero, son los únicos testigos de la muerte de Aigo, por lo que han debido participar en su reconstitución, colaboración que ha complicado particularmente la situación de Fernández. Gustavo Lucero, representante de la familia Aigo, ha planteado que la pistola con la cual se disparó al sargento tuvo que ser cargada en el interior de la camioneta, antes de que las tres personas bajaran de ella. “Por eso, todos sabían que uno de ellos estaba armado y con una pistola cargada, incluso Fernández”, ha explicado el abogado. Sin embargo, hay otro detalle que complica al hijo del Intendente en la causa por homicidio que se sigue. De acuerdo a la reconstitución, cuando Salazar Oporto habría sacado el arma para realizar el disparo, el oficial Guerrero aseguró que no pudo percibir la situación “porque Fernández lo distrae con un movimiento al dirigirse hacia el frente del vehículo, no haciendo caso a la orden de quedarse quieto”, ha agregado Lucero.

Sin embargo, la prensa trasandina más crítica ha puesto sus ojos también en el mencionado abogado Lucero, recordando que en su calidad de asesor del Ministerio de Seguridad de Neuquén, defendió “al cabo José Darío Poblete, condenado a perpetua por el crimen del maestro Carlos Fuentealba”, según indica Miradas al Sur.

Kichner y “un juicio justo”

Hace unos días los familiares y amigos de Jorge Salazar y Alexis Cortés entregaron en La Moneda y el Ministerio de Relaciones Exteriores, una carta en la que exigen que el gobierno se pronuncie con respecto al caso. Por otra parte, decidieron enviar una misiva a la presidenta de Argentina, Cristina Kichner, donde manifiestan su preocupación por la vida de ambos y reconocen que la muerte de Aigo dejó “a una familia sumida en el dolor, circunstancia que sin duda lamentamos”. Además, declaran tener “la certeza de que Alexis y Jorge no buscaron dicho fin”, y que su accionar habría respondido “a una forma de defenderse, debido a la difícil condición de clandestinidad que ha significado la existencia de uno de ellos”.

Foto lmneuquen.com.ar

“Somos testigos de los horrores e injusticias que aún se cometen en Chile, y aunque no compartimos todo su quehacer, sabemos de su grandeza y humanidad, y los hemos aprendido a respetar”, agregan respecto a la opción política que ambos adoptaron. Es por ello y considerando los métodos que se están utilizando en la búsqueda, que la principal solicitud que realizan tiene que ver con la aplicación de las decisiones jurídicas y policiales que se tomen en su eventual captura. “Si se les detiene, que se les respete la vida y haga un juicio justo”, finalizan.