Funcionaria recibe histórica indemnización del Consejo de la Cultura

Mónica Torrealba Alcérreca logró un triunfo histórico contra el Estado de Chile, tras la condena que obligó al Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA) a indemnizarla en $8.162.256 -correspondientes a 6 meses de remuneración-, por haberse establecido discriminación en su despido en el año 2010.

Entre el 2000 y 2004 Torrealba trabajó en la división de extensión cultural del Ministerio de Educación en Santiago y luego, al constituirse el Consejo de la Cultura y las Artes, fue trasladada a Valparaíso al departamento de Ciudadanía y Cultura. Allí permaneció 4 años más hasta que se le concedió nuevamente el traslado oficial a Santiago en 2009.

En la demanda hace presente que sus calificaciones “siempre fueron excelentes y en lista 1”, eso hasta el 2007, cuando solicitó el mencionado traslado “por dificultades con su jefatura, las que consistieron en manifestar su disconformidad por la falta de adjudicación de responsabilidades a pesar de su eficiente desempeño”. Expresa que a partir de esta dificultad sus calificaciones bajaron y que desde julio de 2009, cuando se reincorporó al servicio luego de 1 año con permiso, y hasta el momento del término de su gestión, “vivió momentos muy difíciles laboralmente, ya que su jefatura no aceptó la resolución de su traslado y menos que hubiese estado un año ausente”.

La funcionaria agrega que “las últimas calificaciones que debió haber recibido en agosto del año 2010, al tiempo de su despido no se le habían entregado y que nunca tuvo anotación de demérito y tampoco fue instruido sumario administrativo en su contra”. Declara que en este escenario es que el 19 de julio de 2010 recibe una llamada a su celular de la nueva jefatura del departamento, Macarena Barros, quien “le advirtió que ya no le necesitaba y que debía esperar la formalidad de despido”, de la que sólo se enteró tras averiguar informalmente que la notificación de Contraloría había salido el 22 de octubre de 2010, pero enviada a una dirección antigua. Es decir, hasta el 8 de noviembre de 2010, ella siguió asistiendo a su lugar de trabajo sin ser notificada formalmente de que ya había sido despedida.

Torrealba exhibe el cheque junto al Directorio Nacional de ANFUCULTURA, quienes la asesoraron legalmente, la abogado Ana Fullerton y la Presidenta Regional Valparaíso de la asociación de funcionarios.

El “perfil” del nuevo gobierno

Mónica, quien trabajó durante once años como funcionaria pública, no estaba inscrita en ningún partido político, pero sí era notoria su tendencia de izquierda y conocido el hecho de que tenía un hermano que había sido exiliado, según declara en la demanda la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (ANFUCULTURA), Marianela Riquelme.

He ahí parte de la importancia de esta condena, pues sienta además un precedente en los más de 100 casos de despidos que se sucedieron una vez llegado el gobierno de Sebastián Piñera y el nombramiento de Luciano Cruz Coke como Ministro de Cultura. Según agrega Riquelme, “preguntó en reiteradas ocasiones, por escrito, y en una reunión que lograron tener con la autoridad, por los fundamentos de los despidos, y les contestaron directamente que las personas despedidas no contaban con el perfil político para participar de un gobierno de derecha”. Una justificación que carece de todo amparo legal, pues -a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado- en el caso de la administración del Estado “sus trabajadores no son seleccionados de conformidad al perfil que determine la subjetividad de la autoridad de turno, a su gusto y subjetividad, sino conforme procedimientos administrativos reglados”, como se argumenta en la demanda.

De ahí la importancia también de la contundente resolución de la Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, Ximena Cárcamo Zamora, quien en su fallo señala que la decisión adoptada por el CNCA al poner término “a la contrata” de Torrealba “ha sido con vulneración de la garantía de no discriminación” y tomada “sobre la base de un mero capricho, arbitrariamente, lo que representa una desigualdad de trato”.

Por último, la sentencia además obligó al CNCA a publicar en lugares visibles de los edificios institucionales de Santiago y Valparaíso el texto íntegro del fallo, para conocimiento de las y los funcionarios del servicio.