Foto Rens Veninga

Cuando éstos consiguieron hacer entender a los uniformados que nada tenían que ver con la manifestación, llegó el dueño y padre de uno de ellos, quien encaró a los carabineros exigiéndoles explicaciones por el proceder y por la herida que le ocasionaron a su hijo.

Hijo locatario herido. Foto Rens Veninga

Aquí el registro de lo ocurrido.

Para ver muuuuchas más imágenes de la marcha, pinche aquí.

La labor de Piñera sólo alcanza un 26 %, disminuyendo en la encuesta un punto respecto de la encuesta anterior, hecha en agosto de 2011, donde se anotaba un 27%. En lo que respecta al Congreso, sólo un 16% aprueba la labor de la Cámara de Diputados, mientras que un 17% la de Senado. La desaprobación del Gobierno ya llega al 67%.

Entre el 2000 y 2004 Torrealba trabajó en la división de extensión cultural del Ministerio de Educación en Santiago y luego, al constituirse el Consejo de la Cultura y las Artes, fue trasladada a Valparaíso al departamento de Ciudadanía y Cultura. Allí permaneció 4 años más hasta que se le concedió nuevamente el traslado oficial a Santiago en 2009.

En la demanda hace presente que sus calificaciones “siempre fueron excelentes y en lista 1”, eso hasta el 2007, cuando solicitó el mencionado traslado “por dificultades con su jefatura, las que consistieron en manifestar su disconformidad por la falta de adjudicación de responsabilidades a pesar de su eficiente desempeño”. Expresa que a partir de esta dificultad sus calificaciones bajaron y que desde julio de 2009, cuando se reincorporó al servicio luego de 1 año con permiso, y hasta el momento del término de su gestión, “vivió momentos muy difíciles laboralmente, ya que su jefatura no aceptó la resolución de su traslado y menos que hubiese estado un año ausente”.

La funcionaria agrega que “las últimas calificaciones que debió haber recibido en agosto del año 2010, al tiempo de su despido no se le habían entregado y que nunca tuvo anotación de demérito y tampoco fue instruido sumario administrativo en su contra”. Declara que en este escenario es que el 19 de julio de 2010 recibe una llamada a su celular de la nueva jefatura del departamento, Macarena Barros, quien “le advirtió que ya no le necesitaba y que debía esperar la formalidad de despido”, de la que sólo se enteró tras averiguar informalmente que la notificación de Contraloría había salido el 22 de octubre de 2010, pero enviada a una dirección antigua. Es decir, hasta el 8 de noviembre de 2010, ella siguió asistiendo a su lugar de trabajo sin ser notificada formalmente de que ya había sido despedida.

Torrealba exhibe el cheque junto al Directorio Nacional de ANFUCULTURA, quienes la asesoraron legalmente, la abogado Ana Fullerton y la Presidenta Regional Valparaíso de la asociación de funcionarios.

El “perfil” del nuevo gobierno

Mónica, quien trabajó durante once años como funcionaria pública, no estaba inscrita en ningún partido político, pero sí era notoria su tendencia de izquierda y conocido el hecho de que tenía un hermano que había sido exiliado, según declara en la demanda la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (ANFUCULTURA), Marianela Riquelme.

He ahí parte de la importancia de esta condena, pues sienta además un precedente en los más de 100 casos de despidos que se sucedieron una vez llegado el gobierno de Sebastián Piñera y el nombramiento de Luciano Cruz Coke como Ministro de Cultura. Según agrega Riquelme, “preguntó en reiteradas ocasiones, por escrito, y en una reunión que lograron tener con la autoridad, por los fundamentos de los despidos, y les contestaron directamente que las personas despedidas no contaban con el perfil político para participar de un gobierno de derecha”. Una justificación que carece de todo amparo legal, pues -a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado- en el caso de la administración del Estado “sus trabajadores no son seleccionados de conformidad al perfil que determine la subjetividad de la autoridad de turno, a su gusto y subjetividad, sino conforme procedimientos administrativos reglados”, como se argumenta en la demanda.

De ahí la importancia también de la contundente resolución de la Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, Ximena Cárcamo Zamora, quien en su fallo señala que la decisión adoptada por el CNCA al poner término “a la contrata” de Torrealba “ha sido con vulneración de la garantía de no discriminación” y tomada “sobre la base de un mero capricho, arbitrariamente, lo que representa una desigualdad de trato”.

Por último, la sentencia además obligó al CNCA a publicar en lugares visibles de los edificios institucionales de Santiago y Valparaíso el texto íntegro del fallo, para conocimiento de las y los funcionarios del servicio.

Según informaron sus familiares y amigos, Quezada se presentó voluntariamente a cumplir esta resolución, “reafirmando así su inocencia, con la convicción de esclarecer la verdad y desmentir las acusaciones injustificadas de las que ha sido víctima”.

Quezada fue acusado de porte ilegal de arma y explosivos e intento de homicidio contra un carabinero, cuando fue detenido en las vísperas del Día del Joven Combatiente en la UPLA, el pasado 28 de marzo. Desde entonces su caso ha estado marcado por la acusación de montaje por parte de sus familiares y amigos, quienes desde un comienzo han defendido la total inocencia del estudiante.

No es primera vez que Mery es blanco de la represión de los uniformados, aunque en ocasiones anteriores el accionar de estos ha sido aún más sospechoso. Hace unos meses Mery le enrostró el general de Carabineros, Rodolfo Pacheco, los vínculos que tendría “con un prostíbulo de Ñuñoa, ubicado en Seminario 777, donde brindaría protección a una prostituta de nombre Marcela”, según relata una nota del medio que dirige el periodista. Esto le costó que luego “funcionarios del Servicio de Inteligencia Policial (SIP), presumiblemente enviados por el general Rodolfo Pacheco”, visitaran las dependencias del periódico virtual cuatro veces en dos días, “en una acción insólita de hostigamiento”, según se agrega en el artículo.

Acá el video de la detención que registró y compartió con nosotros OPAL PRENSA.

Aquella noche, el menor I.G.A. -que estaba con su madre en el Líder de 15 Norte de Viña del Mar- quiso ir al baño del lugar, pero cuando pasó por las cajas un guardia lo detuvo y lo acusó en forma inmediata de estar robando, tratándolo tanto verbal como físicamente de muy mala manera, insistiendo en que entregara lo sustraído. El niño reaccionó con miedo y vergüenza, defecándose completamente delante de quienes transitaban por el sector. Después de varios minutos de permanecer detenido, fue dejado en libertad, pudiendo contar recién la humillante experiencia a su madre.

Esta habló con el guardia involucrado, quien le señaló que “había sido mandado por su jefe”. El administrador del Hipermercado Líder, por su parte, sólo se disculpó por el hecho, sin entregar una solución para el perjuicio causado, motivo por el cual el hecho fue denunciado a Carabineros.

Abogado Alejandro Chaparro

El abogado Alejandro Chaparro explicó que “con esta querella lo que busca mi mandante es que se castigue con el máximo de la pena que consagra la Ley estos graves hechos; pero también busca que situaciones como éstas, que afectan la integridad y la honra de las personas, pero que en particular involucra a un niño, no se vuelvan a repetir. Los grandes centros comerciales deben poner término a este tipo de ilegales prácticas, hoy se detiene ilegalmente gente inocente y ni siquiera le piden disculpas”.

Fuente y foto: Web Estudio Chaparro

Foto Daniel Labbé

La marcha inauguró el nuevo recorrido, que comenzó en Plaza Sotomayor y avanzó por calle Blanco y avenida Brasil hasta Francia.

Foto Daniel Labbé

Poco duró ahí la estadía de los estudiantes, pues los gases de carabineros comenzaron a aparecer apenas llegada la columna.

Foto Rodrigo Mancilla Campos

Un joven atropellado en avenida Errázuriz con Freire fue una de las más graves consecuencias de una represión que -al uso de bombas lacrimógenas, zorrillo y guanaco- hoy sumó una nueva herramienta.

Foto Rodrigo Mancilla Campos

A distintos grifos, destinados por cierto a proporcionar agua en casos de incendios, los uniformados conectaron nada menos que mangueras de bomberos, con las cuales impactaban a los manifestantes.

Foto Rodrigo Mancilla Campos

Al final, la jornada dejó un total de 34 personas detenidas.

Foto Rens Veninga

Para ver muchas más imágenes pinche aquí.

Foto principal: Rodrigo Mancilla Campos

Junto con una apuesta por “garantizar las condiciones para lograr seguridad y masividad”, para lo que han informado a las autoridades del nuevo recorrido, los convocantes de las distintas universidades de la región han sido explícitos en señalar que “estamos con todos quienes se ven afectados por el uso de la violencia y represión desmedida por parte de las autoridades y Carabineros”.

Además, han aclarado algo que en cada manifestación los medios de comunicación masivos obvían arbitrariamente: “Hoy, el problema de comerciantes y transeúntes no es la justa manifestación social, sino el uso excesivo de gases lacrimógenos que queda impregnado en la calle y negocios durante varios días, lo cual afecta su salud y su trabajo”.

“Sabemos que en las manifestaciones se generan situaciones complejas, pero no tenemos duda de que la verdadera violencia es la que generan quienes explotan día a día a los chilenos y chilenas, destruyen el medioambiente, quienes reprimen a nuestros pueblos originarios y se enriquecen a costa de nuestro trabajo”, agregan en un comunicado.

El 22 de abril, en su arribo a Rapa Nui, la primera dama Cecilia Morel fue recibida con protestas. Un centenar de manifestantes se apostaron en las afueras del aeropuerto Mataveri profiriendo gritos y levantando pancartas contra el Gobierno.

Carabineros imposibilitó el acceso a las zonas públicas del Aeropuerto y disuadió a los manifestantes separándolos en tres grupos que se ubicaron fuera del citado recinto. Las fuerzas de orden incluso intentaron prohibir levantar las pancartas lo que finalmente no consiguieron. La primera dama salió a escondidas y por un acceso no habitual para no toparse con los manifestantes.

Entre las organizaciones que se hicieron presentes destacan el Consejo de clanes, el centro de apoderados del colegio Lorenzo Baeza Vega;  Makenu Reo Rapa Nui; el Parlamento Rapa Nui y el clan Hito, representado por Marisol Hito. Otro grupo de la familia permanecía  acampando frente al hotel.

Los reclamos de la comunidad se enfocaron en el tema de tierras, migración y educación. En este último punto fue importante la protesta del centro de apoderados del colegio Lorenzo Baeza Vega,  el que a través de su presidenta -Joy Pakomio- y un grupo de apoderados, expresaron su malestar por la mala calidad de las colaciones que este año está entregando Junaeb. Este reclamo se lo han hecho saber al propio director nacional de la Junaeb, quien fue a ver en terreno la problemática pero no ha dado soluciones.

Hay que destacar que los medios de comunicación en Rapa Nui han silenciado totalmente las protestas que durante las últimas semanas se han realizado por los temas antes señalados.

La única radio local es administrada por la Municipalidad, la que abiertamente ha censurado y prohibido el acceso a la radio a las organizaciones Rapa Nui que con sus relatos puedan incomodar a las autoridades locales o nacionales. La alcaldesa se supone que es de oposición al Gobierno (Luz Zasso, DC) con sus dichos. Con la televisión local ocurre lo mismo: hacen entrevistas y cubren las protestas, pero luego no transmiten la información. Sólo transmiten deportes, actividades culturales de la isla y avances de la Municipalidad.

Por otra parte, sólo se cuenta con un escueto periódico mensual manejado por las mismas personas que programan la televisión local y una revista de insertos turísticos que se reparte en el avión de LAN. Según Marisol Hito, “a las problemáticas de tierras, de centralismo en las decisiones, a la migración desatada que ha contado con complicidad del propio presidente Piñera que nos acaba de destruir un trabajo de años al vetar la ley de migración, debemos agregar la inexistencia de libertad de prensa, elemento central e indispensable de las democracias modernas”.

La prisión preventiva fue cambiada por otra medida cautelar, arresto domiciliario nocturno y firma quincenal. Sin embargo, el proceso continúa y familiares y amigos están a la espera de los movimientos que realice la Fiscalía, quienes apelarían en los próximos días a esta decisión ante la Corte de Apelaciones.

El caso de Pedro Quezada Neculman ha estado marcado por la acusación de montaje por parte de sus familiares y amigos, quienes desde un comienzo han defendido la total inocencia del estudiante.